A fines del presente año o a comienzos del próximo, la Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche, que se reunió por última vez en Concepción, hará entrega al Gobierno el Informe de las cinco sesiones realizadas después del término de la segunda huelga de hambre de un grupo de comuneros mapuches, en la cárcel de Angol, el año pasado.
La Comisión la integran monseñor Fernando Chomali, arzobispo de Concepción; Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos; el obispo auxiliar de Santiago, monseñor Pedro Ossandón; y el Padre José Fernando Díaz de la Comisión Nacional de la Pastoral Indígena Zona Sur. En la última reunión, que se realizó en dependencias del Arzobispado, participaron el sacerdote jesuita, Pablo Castro Fones, representantes de un grupo de trabajo por los Derechos Colectivos y representantes del territorio mapuche de la Araucanía.
Monseñor dijo que “nos comprometimos en esta comisión a evacuar un informe al Gobierno después de escuchar a muchos actores, especialmente del mundo mapuche. Hemos llegado a la conclusión que hay que trabajar con mucho más fuerza el tema del pueblo mapuche. Hay temas que aún no están suficientemente conversados. Nosotros lo diremos en el informe, todo el tema con los derechos territoriales, la Ley Antiterrorista, con la discriminación, porque lamentablemente tenemos que reconocer que los mapuches son muy discriminados en muchos ámbitos y queremos hacerlo como Iglesia Católica, como Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se trata de hacer una propuesta que ayude al Estado de Chile y, generar un mejor ambiente respecto de los pueblos originarios”, agregando que estos encuentros han sido de mucho diálogo y muy fecundos y estima que en Chile, lo que más se requiere son espacios de diálogo.
Indicó que este informe se entregará al Gobierno, a través de Desarrollo Social. “Esperamos que ellos lean y digan que esto es cierto. Dios quiera que se vaya traduciendo en acciones tendientes a una mayor armonía con el pueblo mapuche que, en este momento, no se da. Me he dado cuenta que el pueblo más pobre en relación a la población y con menores niveles de educación es el pueblo mapuche. Y eso ocurre porque las políticas públicas han ido dirigidas en un sentido y queremos ayudar a que vayan dirigidas en otro sentido”, enfatizó.
Reconoció que el tema de la violencia en la zona mapuche es muy complejo, sobre todo en lo relacionado con el trato. “Tenemos que generar la instancia para que situaciones de ese tipo no vuelvan a ocurrir nunca más. Rescato que hay mucha gente que está altamente motivada a que los problemas que hay en nuestro país se solucionen a través del diálogo. La CECH ha escrito muchos documentos y hace poco Monseñor Camilo Vial habló de un nuevo trato al pueblo mapuche. Es decir, se pueden hablar de temas puntuales, pero el tema de fondo es un nuevo trato y creo que este es un tema de Estado y debe ser abordado además por todas las instancias democráticas en un estado de derecho como el nuestro”, subrayó, anunciando que la entrega del documento será en diciembre o marzo del próximo año.
Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, confirmó que se inició la elaboración del informe y añadió que “el Estado está en deuda respecto de los temas de asegurar la consulta de los pueblos indígenas para estos puedan decidir sobre los temas que le afectan y está pendiente el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios; de Chile no puede seguir viéndose asimismo como un país unicultural, sino más bien pluricultural ; tercero, los temas de territorio y recurso naturales, tienen que acelerarse. Hay una deuda pendiente que contribuye a generar violencia en la medida que se demora. Además, lamentamos que no haya piso político para la reforma de la Ley Antiterrorista, si bien creemos que esta comisión ha contribuido de alguna forma, a que se haya deslegitimado su aplicación, en el mundo mapuche”.
Manifestó que se han planteado algunas cuestiones en el proceso de restitución de tierras y territorios y recurso naturales, “donde hemos hecho una queja por el lento proceso que ha tenido la CONADI en el uso unilateral de un mecanismo que ha generado especulaciones por estas tierras. Creemos que hay que avanzar en mecanismos más eficientes porque de ello depende en gran parte, también, que se superen los hechos de violencia”.
Emilio Painemal, representante indígena de la comuna de Chol Chol, reconoció el esfuerzo de la Iglesia Católica y confió que el Gobierno acoja el trabajo de la comisión. Respecto a la violencia señaló que es necesario buscar la causa y cimentar las posibilidades de un diálogo entre el estado chileno y el pueblo mapuche.
