Monseñor Fernando Chomali, Arzobispo de Concepción, valoró los alcances de la Ley 21.015, precisando que “hay cabida en la sociedad chilena a la inclusión y que cada vez está más internalizado que no se debe discriminar a nadie por su condición física, social o de raza”.
Este año comenzó a implementarse la primera etapa de la ley 21.015, que obliga a las empresas con más de 200 trabajadores a que al menos un 1% de sus funcionarios sean personas con alguna discapacidad. Durante una segunda etapa se incluirá a empresas que tengan más de 100 funcionarios, con un igual porcentaje mínimo.
Para despejar dudas respecto del mencionado cuerpo legal, así como para conocer experiencias de inclusión en empresas de la zona y de otras partes del país, la Fundación Lavandería Industrial 21, en conjunto con la UCSC, realizó el seminario “Inclusión laboral para la discapacidad: Ley 21.015 y desafíos sobre responsabilidad social empresarial”. La actividad se realizó en la Sala de Teatro de la Universidad, hasta donde llegaron más de 300 personas.
Maite Otondo, directora de Fundación Lavandería Industrial 21 y académica de la UCSC, destacó la masiva presencia que hubo en el seminario, al mismo tiempo que resaltó la importancia de la ley de inclusión, ya que “ninguna empresa que tenga cierta cantidad de trabajadores se va a negar o excusar para no contratar a personas con discapacidad y no atender la ley”.
En la actividad participaron diversas instituciones que trabajan en pro de la inclusión laboral y social en general, como las fundaciones Tacal, representada por Andrea Zondek (foto principal) y Red de Inclusión Biobío. También, dijeron presentes empresas que han destacado por su trabajo de inclusión, como Ironwill y Blumar.
El Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS), también dijo presente a través de su directora (s), Andrea Lozano, quien destacó que en esta etapa de la ley la difusión es importante “para clarificar cuáles son los derechos que otorga esta ley, el cómo se accede, los requisitos que se deben cumplir para ser parte de la ley de cuotas, porque no es para cualquier persona con discapacidad, es para quienes están inscritas en el registro nacional de discapacidad o bien asignatarios de una pensión de invalidez”.
