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La CECH presentó observaciones ante el Tribunal Constitucional por ley de aborto

Publicado el 2017-08-14

El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile presentó observaciones, como un aporte para el estudio y análisis del Tribunal Constitucional


La CECH presentó observaciones ante el Tribunal Constitucional por ley de aborto

El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile presentó observaciones, como un aporte para el estudio y análisis del Tribunal Constitucional, en el marco del requerimiento por inconstitucionalidad, sometido a su conocimiento y decisión, en relación con el proyecto de ley recientemente aprobado por el Congreso Nacional, que legitima el aborto en Chile.

Plantea, al inicio de la presentación que “desde el anuncio del proyecto y durante su tramitación, se ha insistido en la enseñanza reiterada y constante de la Iglesia acerca de la defensa y promoción de la vida en toda circunstancia”.

Indica que es ampliamente conocido el interés de la Iglesia Católica, en esta materia, “pues emana de su propia misión, como es el servicio a la persona humana y la sociedad. Esta vocación primordial de la Iglesia se traduce en su preocupación constante y actuar directo en aquellas situaciones que involucran o afectan al ser humano en cualquiera de sus dimensiones. Guiada por el amor hacia el pueblo de Chile, la Iglesia se aboca incesantemente  a la defensa y el cuidado de todas las personas, especialmente respecto de los más pobres y sufrientes, así como los más vulnerables e indefensos, entre los que sin duda se encuentran los concebidos y no nacidos”.

Se afirma que “desde esta perspectiva, la Iglesia Católica en Chile tiene el derecho e incluso el deber  (Código de Derecho Canónico, c. 747) de participar en el diálogo de la comunidad nacional y en las instancias propias de nuestra institucionalidad. No puede ser de otro  modo pues “Desde la antropología y la ética cristiana, la Iglesia católica reconoce, respeta, defiende y promueve el valor de la vida y la dignidad de la persona humana como un fundamento esencial e irrenunciable de la vida en la sociedad. No matar deliberada y directamente al inocente es un absoluto moral cuyo reconocimiento y protección resulta indispensable para la vida en comunidad. Compartimos esa visión  humanista con muchas instituciones políticas, religiosas, educacionales y sociales, y a  partir de ella hemos articulado iniciativas que el país conoce y valora, como las vicarías  de la Solidaridad, de la Salud y de la Pastoral de los Trabajadores, las redes de  voluntariado solidario en situación de pobreza y vulnerabilidad, o el apoyo a los privados  de libertad e inmigrantes, por mencionar solo algunas. Estamos trabajando por una  decidida cultura de la prevención de abusos a personas (CONFERENCIA EPISCOPAL DE  CHILE, El derecho humano a la vida, a una vida digna para toda persona, 25 de marzo de  2015, Nº 7)”.

En particular, la Conferencia Episcopal de Chile se mostró dispuesta a participar en el  debate contribuyendo con “visiones de valor universal compartidas por otras tradiciones cristianas, escuelas filosóficas y científicas, médicas y jurídicas, procurando la búsqueda del bien común, en el marco de un Estado no confesional como el chileno (CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE, El derecho humano a la vida, a una vida digna para toda persona, 25 de marzo de 2015, Nº 6)”.

El reconocimiento a este interés de la Iglesia, se encuentra en la invitación que recibió  para exponer, durante la tramitación constitucional del proyecto, frente a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en conjunto con otras confesiones religiosas y, luego, a la Comisión homónima del Senado. Para la Iglesia católica es una cuestión fundamental no sólo el servicio a la persona humana, sino también la defensa  del más débil e indefenso en todas las circunstancias y ámbitos de la sociedad, por lo que participar de esta instancia no puede ser la excepción.

En particular, en adelante, se abordan los temas acerca del proyecto y su constitucionalidad en lo que respecta al valor intrínseco de la vida, bien jurídico protegido por nuestro ordenamiento; al deber de protección al más débil que tiene el Estado en su posición de garante de la sociedad; al principio de no discriminación, que obliga tanto a gobernantes como a gobernados y que debe inspirar nuestra legislación en la búsqueda de la justicia; al derecho que tienen todos y cada uno de los hombres y mujeres que habitan este país de profesar sus creencias religiosas y actuar en su vida pública y privada en conformidad a ellas, sin que pueda el Estado conculcar ese derecho humano fundamental y, al derecho –que es también deber– de los padres respecto de sus hijos e hijas menores de edad, en especial, en el caso de la eventual concepción que sigue a un delito de violación.

 

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