Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en compañía de monseñor Fernando Chomali, Arzobispo de Concepción, entregó el informe final de la Comisión que aboga por un nuevo trato para el pueblo mapuche.
En manos de monseñor Ricardo Ezzati quedó este lunes el informe final de la Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche, que desde julio de 2011 venía sesionando tras constituirse luego de los 87 días de huelga de hambre que mantuvieron los comuneros Jonathan Huillical Méndez, Santiago Huenuche Reiman, Héctor Llaitul Carillanca y Ramón Llanquileo Pilquimán.
Hasta la residencia del Pastor de Santiago acudieron el arzobispo de Concepción, monseñor Fernando Chomali, junto a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, llevando el informe de 26 páginas que sintetiza los esfuerzos por un nuevo trato para el pueblo mapuche, articulado en torno a cuatro ejes temáticos: la discriminación y la demanda por reconocimiento; el derecho a la tierra, territorios y recursos naturales; el derecho a la consulta; la ley antiterrorista y los estándares internacionales.
Encabezada por Fries junto a monseñor Fernando Chomalí, Arzobispo de Concepción, monseñor Pedro Ossandón, Obispo auxiliar de Santiago, y el padre José Fernando Díaz, de la Pastoral Indígena Zona Sur, la Comisión, que realizó la última de sus cinco sesiones el 5 de septiembre de 2012, contó durante su extensa labor con una pluralidad de integrantes, representantes del pueblo mapuche, autoridades políticas, senadores y diputados, y se constituyó como un espacio de escucha y sistematización de las demandas más relevantes del pueblo mapuche, con capacidad de emitir recomendaciones que deberán ser implementadas por las autoridades públicas.
El informe también fue entregado a Cristián Larroulet, ministro secretario general de la Presidencia, y Bruno Baranda, ministro de Desarrollo Social.
Si bien uno de sus objetivos fue proponer una reforma efectiva de la Ley Antiterrorista, de manera que se ajuste a los estándares internacionales y a analizar las obligaciones que debe cumplir el Estado de Chile en materia de reclusión de personas pertenecientes a pueblos indígenas, de conformidad a lo establecido en el convenio 169 de la OIT, en el mes de diciembre de 2011, los integrantes que participaban en calidad de voceros de los presos mapuche se retiraron de la Comisión, por considerar que su objetivo era la derogación de la Ley 18.314.
