Libertad religiosa: avances, perplejidades y retrocesos en el Proyecto nueva Constitución

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Publicado el: 23 junio, 2022

En el siguiente artículo elaborado para DIÁLOGO, Monseñor Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo, abogado y Doctor en Derecho Canónico, analiza en detalle los aspectos que en materia de libertad religiosa consagra el proyecto constitucional. Asegura que, si bien ésta ha quedado comprendida en el texto, no ha sido establecida conforme al pleno respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas. 

El momento constitucional presente se puede sintetizar en un conjunto de preguntas sobre el texto dado a conocer por la Convención, hoy en fase de armonización. Cada grupo, persona e instituciones se demanda ¿cómo quedamos? ¿qué faltó? ¿qué cambiará?

En materia de libertad religiosa también caben esas preguntas. Todos recordamos que las confesiones religiosas del país presentaron a la Convención una Iniciativa Popular de Norma (IPN). Sabemos que no fue acogida, pero eso no significa que las ideas principales hayan sido totalmente desechadas.

En opinión de personas que conocen el tema, el tratamiento que el articulado hace de la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o cosmovisión, implica, en cierto sentido, un avance respecto de los textos constitucionales anteriores, escuetos e imprecisos.

Existencia legal de las confesiones religiosas

Tal como hicieron las confesiones en su IPN, la Convención tomó los elementos esenciales de la libertad religiosa de los tratados y acuerdos internacionales firmados por Chile, agregó una visión más amplia del fenómeno espiritual -cosmovisión-, y lo reconoció como elemento “esencial del ser humano”. Resolvió que, por medio de un sistema de registros o inscripción, las confesiones que lo requieran podrán acceder a tener personalidad jurídica, lo que ya existía para las confesiones afectas a la ley 19.638. Esta ley deja expresamente exceptuadas de la necesidad de este reconocimiento legal a las que ya lo tenían con anterioridad y reconocía (art. 20) “el ordenamiento, la personalidad jurídica, sea de derecho publico o derecho privado, y la plena capacidad de goce y ejercicio de las iglesias, confesiones e instituciones religiosas que los tengan a la fecha de publicación de esta ley, entidades que mantendrán el régimen jurídico que les es propio (…)”.

Cabe preguntarse qué sucederá con las normas de la ley 19.638 si entra en vigencia el artículo propuesto para la libertad religiosa. Lo más lógico sería que se mantuviera el sentido del art. 20 señalado. No parece lógico, por ejemplo, que una Iglesia como la Ortodoxa, a la que una ley de 1971 concedió personalidad jurídica, deba ahora comenzar a tramitar su existencia jurídica de nuevo. Lo mismo para la Iglesia Católica, que es anterior al Estado y que tiene reconocida su personalidad jurídica por el derecho y por la jurisprudencia. Igual se podría decir de las comunidades religiosas que accedieron a la personalidad jurídica en virtud de la ley 19.638, o que ya la tenían por la legislación anterior. Los artículos, transitoriamente, debería ocuparse de este tema.

La enseñanza de la fe, un aspecto confuso

La transmisión de la fe religiosa de una generación a otra es un elemento esencial en la vida de toda confesión religiosa o creencia. En esta materia los convencionales agregaron que además de poder practicarse la fe en público o en privado, ellas se expresan “mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza”.

No queda claro a que se refiere “la enseñanza”, pues no resulta congruente con el esquema de libertad religiosa pensar que ello se refiere solamente a la enseñanza que se produce dentro de la familia o la comunidad religiosa, cosa por lo demás obvia, abriéndose la posibilidad de que se entienda como enseñanza religiosa en la escuela.

Son incógnitas no despejadas, producto de la cierta confusión que ha rodeado la elaboración del texto. La expresión queda deslavaba y ambigua, porque, además, al establecer los elementos esenciales del derecho a la educación, no se ha reafirmado o reconocido abiertamente el derecho de los padres a decidir y escoger la educación ética o moral que desean para sus hijos. Así lo habían solicitado las INP. No fueron escuchadas.

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